8 abril, 2019 Javier Sanz (Lex)

Eutanasia y la ley española. Algunos conceptos clave.

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Javier Sanz (Lex)

Criminólogo. Interesado en delincuencia social, especializándome en ciberseguridad y cibercrimen.
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[Información del Caso de María José Carrasco y el suicidio asistido al final del artículo]

Actualmente en España se debate de forma popular la idea de la muerte digna y de la eutanasia. Es frecuente encontrar dos posturas radicales: Aquellos que tienen una idea clara del apoyo total a la eutanasia, y aquellos que bajo ningún concepto la apoyan. Como en cualquier debate, ambas posturas pueden ser defendidas, pero es necesario conocer los pros y contras de cada postura para poder defender correctamente cada punto de vista.

 

Por ello, en este artículo y de forma muy breve, se explicarán los argumentos principales de ambas posturas para poder reflexionar sobre ello. Todo desde un enfoque penal y criminológico (pues todos conocemos el enfoque ético y religioso). Podemos vincular la eutanasia en primer lugar a la dignidad humana: Una persona a quien se le mantiene la vida a través de medicamentos o conectado a una máquina para mantener su vida de forma artificial, es también una persona obligada a retrasar su muerte mientras sufre, ignorando así su posible voluntad de querer morir.

Ahora bien, ¿mantener de forma artificial el sufrimiento de un ser humano para evitar su muerte, vulnera la dignidad humana y el derecho a la vida? Todos tenemos en mente una respuesta moral, pero aquí está el problema: No hay una respuesta jurídica clara, y al vivir en un Estado de Derecho, debemos regirnos por normas que no siempre están claras. ¿Qué es exactamente la dignidad humana? Debería de ser un derecho fundamental definido claramente en la Constitución, pero lejos de eso, no es más que un concepto moral. ¿Qué sucede con el derecho a la vida? Un derecho recogido en la Constitución que genera una especial controversia en determinados campos como en los casos de abortos. ¿Y si tal vez la clave sea dejar de pensar en el derecho a la vida como argumento, y pensar en el derecho a la muerte? Sobre esto, tenemos las siguientes leyes:

El artículo 15 de la CE recoge:
 “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

 

Artículo 10:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

 

Artículo 143.4 del Código Penal:
“El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.”

 

Aquellas personas no partidarias de la eutanasia se apoyan en el articulo 15 sobre la total y absoluta protección de la vida, siendo la vida un bien protegido, y sabiendo también que cualquier forma de poner fin a una vida (suicidio, asesinato, etc.) no es un derecho fundamental y en muchos casos está penado (excepto el suicidio que no está penado pero si lo está la inducción y cooperación al mismo).

Aquellas personas partidarias de la eutanasia apoyan su argumentación también en el artículo 15, pero en una interpretación diferente: Tener el derecho a la integridad física y moral en vida, da el derecho a disponer de la propia vida de la persona y por tanto de poder acabar con ella cuando esa integridad física y moral deja de existir.

Conociendo esto, se entiende que, teniendo en cuenta el artículo 143 del Código Penal mencionado anteriormente, la eutanasia activa está penada. De hecho, el artículo recoge la misma pena con independencia de que la víctima de su consentimiento o no, o de que sea enfermo o no (por tanto, de nuevo, encontramos otro artículo que podría generar un debate).

Ahora bien, ¿realmente el problema se encuentra en la interpretación de estas leyes? Realmente el problema es mucho más complejo, por un motivo: Hablar de “eutanasia” como concepto de significado único es un error. De hecho, de forma general, gran parte de la población desconoce todos los tipos de eutanasia que hay (y como pueden influir y diferenciarse legal y penalmente), e incluso pueden confundir acciones aparentemente similares a la eutanasia sin que realmente lleguen a serlo. Por tanto, debemos de saber diferenciar los siguientes términos:

  • Suicidio asistido: Facilitar el suicidio a una persona que desea acabar con su vida.
  • Muerte digna: Tratamientos paliativos para evitar sufrimientos al enfermo hasta que fallezca de forma natural.
  • Eutanasia voluntaria: Aquella solicitada por el enfermo.
  • Eutanasia involuntaria: Aquella no solicitada por el enfermo.
  • Eutanasia no voluntaria: El enfermo no puede decidir su voluntad de morir (por ejemplo por estar en estado vegetativo).
  • Eutanasia activa: Todos aquellos actos que provocan la muerte del enfermo.
  • Eutanasia pasiva: Suspender todas las acciones médicas que mantienen con vida al enfermo.

Por tanto, el debate no se encuentra en legalizar o no la eutanasia, sino en legislar en torno a todas aquellas acciones vinculadas al derecho a la muerte, es decir, definir los límites y legislar sobre los diferentes tipos de eutanasia, así como sobre la muerte digna, suicidio asistido, y cualquier otra acción dirigida hacia el fin de la vida por parte del enfermo o de terceros.

 


Caso María José Carrasco:

¿Por qué el suicidio asistido en este caso es juzgado como un caso de Violencia de Género?

Sin entrar a debatir mi opinión sobre lo correcto/incorrecto de esta situación, es importante explicar el motivo por el cual este caso será tratado como un caso de Violencia de Género. Como en otros artículos hemos mencionado, en todos estos casos debemos basarnos en lo recogido en la legislación española, lo que no siempre coincide con la lógica moral de muchos de nosotros.

Según recoge el Artículo 87 ter de la Ley Orgánica de Poder Judicial:

Artículo 87 ter

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

  • a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

 

Si acudimos al Código Penal, al apartado relativo al homicidio y sus formas, el artículo 143 se recoge:

Artículo 143

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

 

En conclusión, el suicidio asistido entra en el apartado de delitos relativos al homicidio y sus formas, y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer recoge todos aquellos delitos relativos al homicidio (incluido el suicidio asistido) cuando este es cometido contra quien haya sido esposa o mujer, condiciones (junto con algunas otras) que se cumplen en el caso de María José Carrasco y que, por ello, se atribuye a este juzgado la competencia del caso. Una explicación que permite comprender (legislativamente, y no siempre moralmente) el motivo por el que se encarga dicho juzgado del caso. Y a la vez, un motivo para proponer una revisión legislativa como se comentó al inicio de este artículo.

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Javier Sanz (Lex)

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