14 mayo, 2019 Javier Sanz (Lex)

La Prisión Permanente Revisable como herramienta política

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Javier Sanz (Lex)

Criminólogo. Interesado en delincuencia social, especializándome en ciberseguridad y cibercrimen.
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¿Es posible que la Prisión Permanente Revisable y sus ampliaciones se realicen con fines políticos para conseguir votos?

El origen de la Prisión Permanente Revisable

En 2015 se introdujo en España la “Prisión Permanente Revisable”, un tipo de pena privativa de libertad que puede llegar a funcionar en determinados casos como una cadena perpetua, institución desaparecida de la legislación penal española desde el año 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera. La creación de la Prisión Permanente Revisable se justifica como un modo de condena para los delitos de extrema gravedad, con el argumento de que al existir revisión judicial en la pena se adecúa al artículo 25 de la Constitución de 1978, que impone que las penas privativas de libertad deben de estar orientadas a la reinserción social y a la educación.

En el año 2017 se propuso la derogación de la Prisión Permanente Revisable, pero la respuesta del Gobierno fue, además de mantenerla, extender la pena a otros supuestos delictivos, sin contar con ningún estudio criminológico previo que muestre la necesidad o eficacia de este tipo de pena, lo que muestra una ausencia clara de política criminal dirigida a prevenir y responder ante este tipo de delincuencia.

Los delitos más graves alteran la percepción social de estos actos delictivos haciendo que casos puntuales parezcan generalizados en la sociedad, y son las responsabilidades públicas las que ofrecen al ciudadano la falsa idea de que el problema de la delincuencia está en la respuesta penal y que la solución se encuentra en el endurecimiento de las penas.

Realidad sobre los casos de extrema gravedad. 

TODAS las reformas realizadas en torno a la Prisión Permanente Revisable han surgido por la alarma social generada en los últimos años a raíz de determinados delitos de extrema gravedad que todos hemos visto en Prensa y TV. El desconocimiento general de las estadísticas criminales y el tratamiento ofrecido por medios de comunicación relativos a estos delitos de especial gravedad ofrecen a la sociedad la idea de que estos casos terribles pueden suceder de forma frecuente, cuando la realidad es que estos casos de extrema gravedad y crueldad son casos muy puntuales.

Este miedo al delito genera movilizaciones en toda la sociedad reclamando seguridad y justicia. Los partidos políticos ante esta situación y con el objetivo de lograr la simpatía y afiliación del ciudadano ofrecen la respuesta que busca la sociedad: Un endurecimiento de las penas, con el objetivo de hacer creer de forma mediática que dicho endurecimiento creará una mayor seguridad social y un menor número de delitos.

La necesidad del endurecimiento de las penas.

No dejamos de ver conductas delictivas en Prensa y TV, y críticas (a veces más acertadas, a veces menos) sobre la impunidad de ciertos actos o cómo la legislación protege al delincuente en determinados delitos. Sin embargo, especialmente en el caso de delitos graves o violentos, España cuenta con una respuesta penal realmente dura en comparación con otros países, algo que se puede comprobar consultando las estadísticas penitenciarias que informan de la sobrepoblación con la que cuentan los Centros Penitenciarios como se mostrará a continuación.

Hasta la reforma de 2015, España contaba con uno de los sistemas punitivos más duros de toda Europa. Aun sin existir la cadena perpetua e incluso antes de la aparición de la Prisión Permanente Revisable, el sistema penal español contaba con penas de cárcel de hasta 40 años (en el caso de terroristas por ejemplo), mientras que en otros países europeos donde está vigente la cadena perpetua, estas penas se revisan a partir de los 20 años. Además, España (aún con las crisis de seguridad que estamos sufriendo) es uno de los países más seguros de toda la Unión Europea. Según las Estadísticas de Criminalidad en España de 2016, la tasa de criminalidad es de 44,7 delitos por cada 1.000 habitantes (43,9 en 2017) frente al 61,3 de promedio en Europa. Las infracciones penales han disminuido de forma constante desde 2008 hasta 2018.

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(Se usan las estadísticas de 2016 al ser las últimas entregadas de forma anual con posibilidad de comparación con las estadísticas de la UE de Eurostat. Puedes consultar estadísticas trimestrales de criminalidad en el Portal Estadístico de Criminalidad desde aquí , descargar los Informes del Ministerio de Interior desde aquí, y consultar las estadísticas sobre crímenes en la Unión Europa desde aquí )

En cuanto a homicidios, por cierto, la tasa de homicidios es de 0,66 homicidios por cada 100.000 habitantes (importante tener en cuenta que 23 de los 28 paises de la UE tienen una tasa por encima de 1 homicidio por cada 100.000). Desde 2005 hasta 2017 ha descendido el número de muertes violentas un 43%. Consultando las estadísticas de Eurostat la tasa de homicidios es lde las más bajas de toda Europa.

Aun con todos estos datos que muestran las tasas delictivas en España en comparación con el resto de Europa, podemos comprobar que somos también uno de los paises más duros de toda Europa en cuanto a penas privativas de libertad.

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En 2016, España se encontraba como el 3º pais con más presos en Europa (y sigue subiendo). Concretamente según SPACE, en 2016 había 61.614 presos, que junto con Inglaterra, Francia (66.678), y Rumania (28.334), son los que mayor tasa de población penitenciaria tienen. Sin embargo, comparando las tasas de delincuencia, España sigue siendo uno de los países más seguros de la Unión Europea.

De hecho, como podemos ver a continuación, el incremento de la población penitenciaria en España no se basa en el incremento de la criminalidad, lo que es una clara referencia a la sobrepoblación penitenciaria con la que cuenta España.

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En definitiva, realizando un estudio detallado de todos estos datos, en España hay un 32% más de personas privadas de libertad que en el resto de Europa, con condenas medias de 18 meses frente a la media europea de 7 meses, a pesar de tener un 27% menos de criminalidad que el promedio Europeo. Estos datos informan de que España es uno de los países más seguros de Europa, con uno de los sistemas penales más duros, que actualmente sufre una sobrepoblación penitenciaria.

Teniendo en cuenta estos datos, y recordando lo que recoge el artículo 25 de la Constitución Española, el aumento de las penas de prisión, con independencia de la justificación moral que se defienda, aleja cada vez más el objetivo de reeducación y reinserción social, y se acerca más a un objetivo de venganza social.

Artículo 25.2 de la Constitución Española:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social(…)”

¿Es solo cuestión de números?

El problema de la Prisión Permanente Revisable no es solo un asunto estadístico sobre la seguridad del país. La criminología ha demostrado que unas penas más duras no van a evitar hechos delictivos excepcionales, pues un elevado número de casos de delincuencia especialmente grave están vinculados a la salud mental, la exclusión social, o la marginalidad entre otros factores. El tratamiento del problema debe de comenzar antes de que el mismo se genere, con una seguridad pública preventiva eficaz que centre sus esfuerzos en evitar que se produzcan este tipo de factores de riesgo que pueden conducir a la excepcional y puntual comisión de delitos especialmente graves.

Sin embargo, el Código Penal indica que al individuo al que se le aplique la condena de Prisión Permanente Revisable se le podrá revisar la condena a los 25 ó 35 años de condena, que es una cantidad de años bastante mayor que los años que encontramos en otros países europeos con mayor tasa de delitos y que tienen figuras penales similares a la Prisión Permanente Revisable. Por ejemplo en Alemania o Francia se revisa a los 15 años, y en Bélgica y Finlandia la revisión se realiza a los 10 años, produciéndose en todos estos casos la revisión antes de los 15 años de condena, lo que puede facilitar no solo la reinserción social y laboral del condenado, sino también su participación activa al existir una motivación (conseguir en esa revisión su libertad total o condicional).

El endurecimiento de las penas no asegura la disminución de delitos. No es una medida preventiva válida en el caso de delitos de especial gravedad.

La Prisión Permanente Revisable como herramienta política (populismo punitivo)

Si con todo lo anterior tenemos claro que nos encontramos en uno de los países más seguros de Europa, con mayores tasas de población penitenciaria y penas más duras, que los delitos especialmente graves son puntuales, y sabemos además que una privación de libertad alargada vulnera el artículo 25 de la CE sobre la reinserción… ¿por qué los políticos se esfuerzan en añadir cada vez más casos posibles para aplicarla?

Desde la perspectiva política, debido a la fuerte presión mediática relativa a los delitos de especial gravedad cometidos en los últimos años (que si bien han sido pocos, han tenido una gran repercusión social), la mayoría de los poderes políticos han buscado realizar lo que pide la sociedad, es decir, endurecer el Código Penal, sin tener en cuenta los correspondientes análisis criminológicos de efectividad de la medida y dando prioridad al deseo social (vinculado directamente al voto del ciudadano) antes que al estudio de la vulnerabilidad de la medida frente a la Constitución, al estar vulnerando el artículo 25 de la Constitución Española en lo referido a la reinserción social y laboral del individuo.

No es tan solo un asunto político. Desde la perspectiva jurídica, siempre ha sido un error legislar basándose en el interés de las víctimas cuando estas reformas se realizan durante la fase de duelo o de movimientos sociales asociados al duelo, momentos en los que resulta comprensiblemente difícil razonar de forma consecuente y mucho más fácil legislar de forma vengativa o castigadora en lugar de legislar en forma rehabilitadora. Hay que tener en cuenta a las víctimas cuando se legisla, especialmente en el ámbito del apoyo, defensa y protección de las víctimas, pero al legislar en el ámbito penal se deben de analizar todos los elementos criminales y sociológicos del fenómeno delictivo para elaborar la legislación más correcta.

Justificación moral

La reacción social frente a la Prisión Permanente Revisable es mayoritariamente positiva y el motivo es comprensible: No existe una pena lo suficientemente justa para los delincuentes que por ejemplo han asesinado a un niño. Incluso si en España se restaurase la pena de muerte como tal, la familia de la víctima aún desearía un castigo mayor. La sociedad a través de la empatía siente lo mismo, y los medios de comunicación potencian este sentimiento.

Este sentimiento se recoge en una encuesta realizada por la empresa NC REPORT para el periódico “La Razón”. Participaron en la entrevista 900 sujetos españoles de 18 años o más, en selección aleatoria en cuanto a municipios, edad y género. Con independencia de la afiliación política, la mayor parte de la sociedad considera que España no tiene un Código Penal duro, que hay delincuentes que no pueden ser reinsertados, y que la Prisión Permanente Revisable ayudaría a evitar la reincidencia criminal.

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Conoce más sobre la relación entre largas condenas y reinserción social en la siguiente página.

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Criminólogo. Interesado en delincuencia social, especializándome en ciberseguridad y cibercrimen. Desarrollador (webmaster) de www.laescenadelcrimen.com ¡Sígueme por twitter y hablamos! @jsanz_ledc


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